La Defensoría del Pueblo realizó una labor de seguimiento en terreno a varios municipios de Arauca con el fin de verificar de primera mano las afectaciones económicas y sociales que dejan recientes amenazas, extorsiones y acciones violentas contra empresas y comerciantes en ese departamento.

“La violencia en Arauca no solo afecta a los habitantes en zonas rurales alejadas, también golpea las ciudades y la economía. Es imperioso que se frene el accionar de los grupos armados ilegales en este departamento, de por sí ya tan golpeado por la violencia y el escalamiento del conflicto y se permita el desarrollo social y económico de los araucanos”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Se estima que unos 6.000 empleos directos están en riesgo y también pérdidas para los municipios, el departamento y la nación relacionadas con las transferencias al Sistema General de Regalías de hasta 5.000 millones de pesos diarios.

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo le reitera a los grupos armados ilegales frenar las acciones que afectan directa o indirectamente a la población civil, de manera particular frenar sus acciones contra el tejido empresarial de la región, del cual dependen el empleo y el sustento de miles de familias araucanas.

Por esta razón, un equipo de la Regional Arauca y la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), recorrió el departamento para conversar con las autoridades civiles y militares, Gobernación y alcaldías sobre las posibles alternativas que permitan proteger a trabajadores, proveedores y contratistas de todos los sectores económicos de la región. 

Allí la Defensoría del Pueblo también les solicitó a las autoridades territoriales adelantar las gestiones necesarias para atender la difícil situación social y económica, y de esa forma disminuir los impactos negativos para la población.

Vale la pena recordar que la Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas vigentes para los 7 municipios del departamento de Arauca, principalmente por cuenta de la disputas territoriales entre los grupos armados ilegales para controlar actividades ilícitas en esta región del país.

*Con información de Defensoría del Pueblo